EL JUICIO

Un film de Ulises de la Orden
Estrena en Octubre

El director Ulises de la Orden se encuentra en plena postproducción de El Juicio, el documental basado en el registro audiovisual de las audiencias orales del Juicio a las Juntas que llevó a cabo en 1985 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

El histórico juicio investigó las responsabilidades de los integrantes de las tres primeras Juntas Militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura (1976-1983). La totalidad de las audiencias fueron registradas por la televisión pública. Los medios cubrían el juicio y el canal público Argentina Televisora Color (ATC) transmitía tres minutos diarios de imágenes sin audio. Sólo la lectura de la sentencia fue transmitida de manera completa con imagen y sonido. Esta película se basa en las 530 horas de ese material audiovisual prácticamente inédito.

El Juicio es la décima película de Ulises De la Orden (Río Arriba, 2006; Tierra Adentro, 2011; Desierto Verde, 2013, entre otras) en la que se encuentra trabajando junto al reconocido montajista Alberto Ponce. Es una producción de Polo Sur Cine, con fecha estimada de estreno en Octubre de 2022. El proyecto tuvo su inicio a partir de que Memoria Abierta, una alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, las acciones de resistencia y las luchas por la verdad y la justicia, facilitó el acceso al registro audiovisual completo del Juicio. Memoria Abierta preservó, copió y garantiza el acceso a las grabaciones originales de las audiencias de este juicio histórico, a pedido de la misma Cámara Federal que lo llevó adelante. Memoria Abierta es productora asociada de este film.

«Queremos recrear el espíritu que se vivió en aquella época a través del juicio, donde en paz se logró juzgar al más violento de los gobiernos de la historia Argentina”, expresa Ulises de la Orden. “El archivo da cuenta del clima político y social de la época, muestra la tensión que se vivía en esos primeros años de la recién recuperada democracia, la violencia latente, el temor de los testigos a las represalias; todo esto aparece en los gestos, las miradas y las formas de hablar de todos los involucrados en el juicio”, afirma el director.

EL JUICIO A LAS JUNTAS

Argentina ha sufrido una larga serie de dictaduras desde 1930. Durante la última y más cruenta de ellas, entre 1976 y 1983, miles de personas fueron secuestradas y luego desaparecidas, otras miles asesinadas. Se aplicaron torturas generalizadas, cientos de bebés fueron robados y entregados en adopciones ilegales, existieron prisioneros políticos, los ciudadanos se exiliaron y se impuso una fuerte censura cultural y política. La desaparición de personas fue la modalidad inédita impuesta por esa dictadura.

La Argentina recuperó la democracia el 10 de diciembre de 1983 con la victoria en elecciones libres de Raúl Alfonsín. El nuevo presidente dispuso investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ordenó, para ello, la creación de una comisión investigadora y el juzgamiento a los máximos responsables. En septiembre de 1984, Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presentó el resultado de la investigación de la CONADEP ante el Congreso. Ese informe, que se conoce como el “Nunca Más”, corroboró las denuncias de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, aportando pruebas fundamentales para el reconocimiento de los crímenes cometidos.

A través de los relatos de los más de 800 testigos se conocieron públicamente los delitos cometidos por el Estado en el marco de su accionar represivo. En la voz de los abogados defensores se escucharon los posicionamientos políticos e ideológicos de quienes cometieron y justificaron los delitos de lesa humanidad. En la voz de las víctimas, las historias de tortura y muerte. El archivo audiovisual de 530 horas está conformado por material prácticamente inédito.

En 1985 se acusó a los ex comandantes de las tres primeras Juntas Militares de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, robo y homicidio. A este emblemático proceso legal, que comenzó el 22 de abril de 1984, se lo conoce como El Juicio a las juntas. El tribunal estaba formado por los jueces León Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Andrés José D’Alessio, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Jorge Edwin Torlasco. El fiscal fue Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo.

El 9 de diciembre de 1985, tras ocho meses de juicio oral, se leyó la sentencia. El fallo de la Cámara Federal fue el siguiente: Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua y destitución; Emilio Eduardo Massera, prisión perpetua y destitución; Orlando Ramon Agosti, prisión de 4 años y 6 meses, y destitución; Roberto Eduardo Viola, prisión de 17 años y destitución; Armando Lambruschini, prisión de 8 años y destitución; Basilio Arturo Lami Dozo, absuelto; Leopoldo Fortunato Galtieri, absuelto; Omar Rubens Graffigna, absuelto; Jorge Isaac Anaya, absuelto.

EL PROCESO DE JUSTICIA EN ARGENTINA

Con el Juicio a las Juntas se abrió el proceso de Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Enfrentado a las presiones del poder militar, este proceso fue interrumpido por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final durante la década de 1980 y por indultos en la década de 1990.

Sin embargo, esta etapa de impunidad comenzó a clausurarse en 2001 con la primera declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad. En los años siguientes, fundamentalmente desde 2003, las acciones conjuntas de los tres poderes del Estado y de la Procuración General de la Nación consolidaron el juzgamiento de estos crímenes como política de Estado. Las decisiones simultáneas de estas instituciones llevaron a la reapertura de casos judiciales y al comienzo de nuevas investigaciones.

El Juicio a las Juntas fue el cimiento sobre el que se construyó todo el proceso de justicia argentino, que aún continúa. El coraje de los sobrevivientes y la lucha de los organismos de derechos humanos, mantuvo siempre activa la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Actualmente, varios procesos legales se llevan a cabo en todo el país en el marco de la justicia ordinaria, con jueces y tribunales comunes. No se han creado tribunales ad hoc o especiales, como ha sucedido en otros países del mundo para hacer frente a situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos. La legislación aplicada es la misma que la de cualquier otro caso judicial en el que se investiguen delitos federales. Esto permite ofrecer todas las garantías constitucionales a las personas acusadas por estos crímenes y el máximo respeto por el debido proceso.

Al momento de terminar esta película han sido condenadas 1058 personas, 964 fallecieron mientras eran procesadas y 22 se encuentran prófugas

CRITICA: 7/10 (buena)