"Con Pirovano, Milei vacía el INCAA: Todo fuera de la ley y negocios para los suyos"
El ataque que se está llevando contra el patrimonio audiovisual se hace bajo el falso dilema del déficit presupuestario. Se toman decisiones arbitrarias y unilaterales sobre lo que es o no el fomento. El día de ayer se realizó la Asamblea Federal, integrada por los secretarios de cultura de cada provincia (ministros, secretarios, institutos audiovisuales provinciales, etc) y por el INCAA el presidente Pirovano y otros funcionarios que no intervinieron, donde fueron rechazadas por tres cuartos de los participantes las resoluciones 16/2024, 27/2024 y 249/2024. Se instó a las autoridades del INCAA a convalidar el Consejo Asesor y a conformar mesas de trabajo sobre las medidas de fomento y el funcionamiento de la ENERC para una próxima asamblea el martes 18 de junio.
A raíz de estas decisiones y de las gravísimas consecuencias para las y los trabajadores del INCAA, desde la Junta Interna de ATE denunciamos:
1- La entrega del Canal Cine.ar TV y Cine.ar Play a través del Memorándum de Entendimiento entre el INCAA y el Interventor de RTA S.E.
El 20 de mayo se firmó un convenio entre el INCAA y RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA (RTA) S.E. (bajo el EX-2024-47782361--APN-RTA#JGM) -sobre la base del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 y los lineamientos de “racionalización de estructuras estatales” y con previa evaluación y aprobación de los equipos jurídicos de ambas instituciones- para evaluar la transferencia del canal Cine.ar TV y la plataforma Cine.ar Play a RTA S.E. ya que, según se argumenta, excede la labor de fomento del INCAA. El convenio plantea que la transferencia se realizaría con el personal afectado, los implementos técnicos y recursos que actualmente se encuentran en la órbita del INCAA. Las autoridades afirman en distintas reuniones que el traspaso es un hecho y que se concretará en el corto plazo. Sin embargo, surgen muchas dudas: ¿es realmente con los trabajadores dentro?, ¿qué pasa con las y los compañeros con contratación de artículo 9 que hoy trabajan en Cine.ar? Y si realmente algún trabajador pasa, ¿bajo qué convenio desempeñará sus funciones?, ¿qué pasará con ellos siendo que está planteada la privatización de los medios públicos?
La contradicción evidente es que estas decisiones llevan meses de preparación y colaboraciones, por eso en la Resolución de cambio de estructura firmada el viernes 31 de mayo se modificó el nombre de las coordinaciones y departamentos y, por lo tanto, se transformaron áreas y funciones. Se eliminó la Subgerencia de Exhibición para llamarse Cine.ar y quedó un único Departamento de Cine.ar, que anteriormente era el de Producción y Programación y que ahora cambia las acciones que le competen y que pasaría a tener asignados veinticuatro trabajadores (según un listado informal de cambio de tareas). Llama “poderosamente la atención” la redistribución de tareas técnicas y administrativas del canal, la plataforma y el Departamento del Cine Gaumont.
En Espacios INCAA también ocurre algo similar. Después de la dispensa masiva de trabajadores el pasado 19 de abril, fueron reasignados sólo la mitad de las y los trabajadores y en tandas, jugando con la incertidumbre y ejerciendo violencia laboral. La otra mitad del equipo fue pasado a disponibilidad con el argumento de la sobredimensión de programadores. Sin embargo, la nueva estructura y el “listado” de reorganización reubica a compañerxs en tareas realizadas por estos programadores. Esto evidencia, contrario a lo que dice Pirovano, que no sobra nadie en el sector.
¿Cuál es el criterio, dónde se discute? ¿Cómo es posible tomar estas medidas sin diagnóstico de las distintas políticas de exhibición? ¿Quién está colaborando? ¿Será que no ve quién no quiere ver? Sobran preguntas, faltan respuestas…
2- La destrucción de todos los programas alternativos y federales de exhibición. Repudiamos el negacionismo y exigimos se garantice la continuidad de MECIS y sus trabajadores.
Con la nueva estructura se destruyen todos los programas alternativos y federales de exhibición, junto con la eliminación del área. El Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), se crea bajo el Convenio Marco de Colaboración entre la Corte Suprema y el INCAA (Resolución 4248/2009), cuya misión es registrar los juicios de lesa humanidad para construir el archivo audiovisual y preservar las pruebas, como son las inspecciones oculares, para los procesos judiciales en curso y futuros. El programa cuenta con un protocolo técnico específico, además tiene el registro de más de 200 procesos judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país. Hoy se encuentra completamente desmantelado.
Los organismos de derechos humanos solicitaron el lunes 27 de mayo una reunión al Presidente del INCAA, quien se negó argumentando que era falso el desmantelamiento del programa. En respuesta a este rechazo se puso en evidencia que el 28 de mayo en la audiencia de la Causa Puente 12 III, donde serán juzgados 4 ex miembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense y 2 ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos contra 185 personas, no fue enviado el equipo de MECIS para el registro correspondiente. Desde la presidencia del INCAA se respondió que fue un error y que en las próximas audiencias garantizarían el registro. Lo que no reconocen es que las y los trabajadores de MECIS fueron todxs despedidxs. Y hasta la fecha, nadie puede dar cuenta de las condiciones del archivo y el cumplimiento del Convenio con la Corte Suprema como reclama una importante lista de organismos de derechos humanos.
3- Milei es Pettovello y Pirovano es su discípulo: contratos fraudulentos también en el INCAA.
En el mes de mayo se conoció el avance en la contratación de un estudio de abogados externo al INCAA, un acto irregular, fraudulento y millonario en sintonía con el escándalo que estalló en el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, quien es la jefa de Carlos Pirovano. En el expediente (EX-2024-51173280- -APN-SGS#INCAA) consta que el 15 de mayo el Abg. Jorge Gustavo Neme presenta al presidente del INCAA, sus “servicios profesionales para el asesoramiento y actuación legal, tanto judicial como extrajudicial” por honorarios de un total de $9.000.000,00.- (NUEVE MILLONES DE PESOS) como mínimo. Entre las tareas solicitadas se incluyen el proceso de desvinculación de empleados contratados, estructuración e implementación de un programa de retiros voluntarios, el pase a disponibilidad, el asesoramiento laboral cotidiano y el asesoramiento en actuaciones judiciales y extrajudiciales iniciadas contra el INCAA. Una contratación ilegal siendo que el organismo cuenta con su propia Gerencia de Asuntos Legales. ¡¿No era que NO HABÍA PLATA?!
Por todo esto, desde ATE INCAA rechazamos las medidas y conductas ilegales e inconstitucionales llevadas adelante en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, solicitamos cesar con las mismas y que se convoque a las representaciones gremiales a fines de garantizar el cumplimiento de la Ley de Cine y recomponer los derechos de las y los trabajadores del Instituto.
Este no es un capricho trasnochado, es una política consciente y calculada contra el cine nacional y la cultura. Un ataque general a todas y todos los trabajadores y ponerle un freno requiere de unidad y fortaleza. Mientras hay quienes nos prefieren divididos y con miedo, apostamos a lo colectivo para golpear con un solo puño. Si queremos defender el INCAA y los puestos de trabajo, tendremos que dar esta pelea juntas y juntos. Nadie se salva solo ni sola ¡No pasarán!
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